lunes, 28 de diciembre de 2015

La (problemática) subcontratación en tres universidades de Santiago: un conflicto abierto


Capítulo del libro Conflicto Laboral y Organización del Trabajo en Chile (2015) del Grupo de Estudios Interdisciplinarios del Trabajo de la FACSO, Universidad de Chile. Para una versión descargable del presente material, presionar el siguiente link.

Resumen:

El subcontrato como un problema político al interior de las universidades ha emergido con fuerza durante 2015, después de varios años en que diversas organizaciones estudiantiles remarcaban la necesidad de terminar con la externalización de servicios, considerando las negativas consecuencias que este tipo de vínculo laboral provoca para las trabajadoras y trabajadores subcontratados: actualmente los conflictos en torno al tema comienzan a encontrar algunas salidas políticas. De central importancia han resultado los estudios que se han hecho en torno a las condiciones laborales del personal externalizado en tres universidades de Santiago. Utilizando la información liberada por tales estudios así como entrevistas realizadas por el autor, en el presente trabajo situaremos al subcontrato dentro de las estrategias de flexibilización y precarización laboral propias de las transformaciones recientes de las relaciones de trabajo en Chile; también describiremos las principales características tanto de las condiciones laborales del trabajo subcontratado en tres universidades, como del conflicto por el término de la subcontratación al interior de cinco universidades de la región metropolitana. El estado del conflicto muestra el escaso nivel de democracia al interior de las principales instituciones de educación superior en Chile y la centralidad que ha tenido la organización estudiantil tanto al momento de abrir la discusión sobre la externalización de servicios, como en la construcción de propuestas concretas que permitirán avanzar en procesos de internalización.

Palabras Clave:
Neoliberalismo, Subcontratación, Universidades, Trabajo, Santiago de Chile


La transformación neoliberal reciente en América Latina y Chile: sus impactos para el mundo del trabajo 

El tránsito al neoliberalismo en América Latina y Chile está marcado por dinámicas de ampliación del capitalismo, que incluyen procesos de mercantilización de la vida social y privatización de la propiedad pública; desde empresas estratégicas de la producción y la energía, hasta una amplia gama de servicios sociales tales como la salud, la educación la previsión social etc.

En paralelo a tales estrategias de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), también cobran relevancia las transformaciones que experimentaron el mundo del trabajo y las relaciones laborales. Desde el campo de los estudios del trabajo se plantea que el reordenamiento de la economía a escala mundial iniciado en el último tercio del siglo XX impactó de forma sustantiva en la forma de incorporación del trabajo a la producción (Leite, 2009), reinsertando en estas relaciones un grado de incertidumbre que la sociedad salarial (Castel, 1995) en mayor o menor medida había logrado superar. En tal contexto, el trabajo se ha transformado profundamente debido a las tendencias flexibilizadoras que afectan a la totalidad del tejido productivo. El trabajo asalariado, lejos de desaparecer, se transforma: “(…) junto con los dependientes típicos hay trabajadores dependientes cuyas condiciones laborales son menos estables, trabajadores subcontratados y otros que conforman una periferia al margen de toda protección y garantía laboral.” (Henríquez, Riquelme, Gálvez, & Morales, 2006, pág. 16)

En la presente reflexión asumimos que tal cambio socio-histórico de las relaciones laborales se puede entender como un producto de las correlaciones de fuerza entre capital y trabajo[2], en la medida que las condiciones de la relación entre ambos actores sociales se redefinen producto de la reestructuración productiva[3] ejecutada como salida a la crisis del modelo de acumulación anterior, a favor del capital: la transformación no se entiende como una mera adecuación técnica a los procesos de globalización, sino más bien como una ofensiva política del capital para recuperar su hegemonía (Leite, 2009), tensionada por las grandes movilizaciones obreras de las décadas de 1960 y 1970 en el capitalismo occidental (Montes, 2007) y la politización de los sectores populares en América Latina, durante el mismo período (O'Donnell, 1977).

En el campo de los estudios laborales, algunos autores han conceptualizado las transformaciones que hemos señalado como un tránsito global de la organización del trabajo y la producción, desde un modo de acumulación fordista, a un modo de acumulación flexible (Henríquez, Riquelme, Gálvez, & Morales, 2006; Narbona & Páez, 2014; Narbona, 2015). Sintéticamente, el modelo fordista de relaciones laborales se basaba en una organización taylorista y optimización fordista del trabajo (Coriat, 2001), apoyada en una economía de escala, sustentada en un incremento sustancial de los salarios, contando además con una serie de regulaciones sobre las relaciones laborales (Castel, 1995) que garantizaban la estabilidad del empleo, la constitución de los trabajadores como actor político y variados principios de seguridad social – como la salud, educación, vivienda y previsión entendidos como derechos sociales – amparados y proporcionados por el Estado (Narbona & Páez, 2014).Por otra parte, el modelo flexible de relaciones laborales (Narbona & Páez, 2014; Narbona, 2015) se caracteriza por una organización flexible del trabajo apoyada en las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, que permite una mayor fluidez y adaptabilidad del capital a los vaivenes de la economía internacional; esta organización coexiste con redes de trabajo doméstico, artesanal y precario, por medio de la subcontratación (Narbona & Páez, 2014); además, las relaciones laborales se individualizan y llenan de incertidumbre, desechándose las protecciones sociales que el Estado de compromiso otorgaba a los asalariados y debilitando al trabajo como actor colectivo (Henríquez, Riquelme, Gálvez, & Morales, 2006).[4]

De tal forma, la reestructuración neoliberal del capitalismo en Latinoamérica implica un intenso cambio en las relaciones labores y en la situación social del trabajo. Si bien el trabajo asalariado sigue siendo un elemento persistente en nuestras sociedades, es consenso que ha sufrido una importante mutación (Henríquez, Riquelme, Gálvez, & Morales, 2006), producto de las dinámicas de reducción del Estado y su consecuente disminución en su rol como empleador, así como por las tendencias de ajuste implementadas por las empresas de mayor tamaño para enfrentar la apertura económica, signadas por la reducción (y consecuente externalización) de personal: la heterogeneidad de la fuerza de trabajo está marcada por un amplio sector de asalariados/as con condiciones laborales inestables, al margen de la protección laboral y social, que expanden de manera importante el sector laboral informal en todo el continente al inicio del siglo XXI (Tokman, 2001).

Apuntes sobre la transformación reciente de las relaciones laborales en Chile

En específico para el caso chileno, también es posible rastrear una gran transformación en el modelo de relaciones laborales; sintetizando los aportes hechos por Karina Narbona (2015) al respecto, es posible situar la institucionalización de un primer modelo de relaciones laborales en Chile con el Código del Trabajo de 1931. Luego de 42 años de existencia, fue suspendido con el golpe cívico-militar de 1973 y reemplazado por un nuevo marco normativo en 1979 (Plan Laboral). Este primer modelo tenía una impronta protectora para con el trabajo, consagrando y ampliando progresivamente una serie de derechos; respecto a las relaciones laborales colectivas, era más bien rígido: reglamentaba la conformación y posibilidades de acción de las organizaciones sindicales, con un marcado intervencionismo de la autoridad pública en los conflictos laborales. Si bien privilegiaba el conflicto al nivel de la empresa, no prohibía acciones unificadas de nivel superior; permitía la huelga indefinida sin reemplazo y otorgaba un irrestricto fuero sindical.

Continuando con lo propuesto por Narbona (2015), luego de un primer período dictatorial (1973-1978), caracterizado por un modelo de tipo nacional-estatalista en las relaciones laborales (modelo corporativista europeo), a finales de 1978 el escenario cambia con la llegada de José Piñera al Ministerio del Trabajo quien, a través del diseño del conocido Plan Laboral, minimiza al actor sindical y posiciona una lógica neoliberal en las relaciones laborales, consolidando el tránsito de Chile hacia la flexibilidad en el mundo del trabajo. Su propio artífice - José Piñera - definía cuatro grandes pilares para este modelo de relaciones laborales: 1) la negociación colectiva circunscrita a la empresa, 2) la huelga monopolista que no paraliza los centros de trabajo, 3) el liberalismo organizativo y 4) la despolitización de la organización sindical, al reducir su ámbito de acción a la fijación de remuneraciones y condiciones de trabajo al interior de la unidad productiva.[5]

El balance histórico que se ha hecho desde las ciencias jurídicas y sociales, respecto a los cambios que durante el período post-dictatorial han sido introducidos al modelo de relaciones laborales chileno, es concluyente al indicar que ha sido escasamente modificado, manteniendo intactos los pilares ya mencionados, que han sido consolidados e incluso profundizados entre los años 1990 y 2015. Incluso este último año ha sido presentada una propuesta de Reforma Laboral por la Nueva Mayoría: debido a su ambigüedad y continuidad con el modelo existente, ha sido duramente criticada.[6]

La subcontratación en Chile
¿A qué nos referimos cuando hablamos de subcontratación?: como ya ha sido anotado, este fenómeno tiene que ver con las consecuencias de la reestructuración productiva en la región, y se constituye como una de las expresiones de la ya mencionada flexibilidad que actualmente caracteriza a las relaciones laborales en nuestro país (Allende, 2013).

Específicamente, al hablar de subcontratación nos estamos refiriendo a la incorporación – flexible y precaria - del trabajo en una empresa a través de una segunda organización (de aquí en más la empresa subcontratista). Se produce así una relación laboral donde intervienen tres actores: i) la empresa que demanda el trabajo (empresa principal), la empresa que ofrece el trabajo (empresa subcontratista) y el/la trabajador/a. Tal esquema logra combinar de forma disociada la independencia contractual y la subordinación organizativa, pues los trabajadores no mantienen un vínculo contractual con la empresa que ocupa sus servicios, pero su actividad de trabajo se supedita a la organización de la misma (Echeverría, 2010; Vega, 2015). Se habla en tal medida de una doble sujeción producto de la subordinación contractual y organizacional, escindida en dos actores diferentes.

Estudios recientes sobre la realidad laboral chilena concluyen que la subcontratación – como una de las tantas formas de flexibilidad laboral - incide de forma negativa en la baja sindicalización de los trabajadores asalariados (Castillo, Cavieres, & Selamé, 2015), lo que afirma la hipótesis de que esta forma de vínculo laboral reviste el carácter de nuevas estrategias empresariales de administración del empleo, posibilitando la reestructuración productiva en América Latina; en tal sentido, posibilita un encadenamiento flexible entre distintos actores en el mercado (Castillo, y otros, 2015). Así, para el trimestre ASO de 2013, aproximadamente el 17% de la fuerza laboral asalariada dependiente estaría empleada bajo régimen de subcontrato, cifra que representa un incremento de casi seis puntos porcentuales respecto al trimestre EFM 2010; a ello cabe agregar que del total de trabajo asalariado creado entre 2010 y 2013, el 66% - (570.000 empleos) – correspondieron a trabajo externalizado (Castillo, Cavieres, & Selamé, 2015).

En tal medida podemos afirmar que la subcontratación en Chile es una forma de inserción laboral instalada y en aumento, y es en este contexto donde se inserta la práctica de externalizar servicios en las principales casas de estudios de nuestro país; no parece descabellado suponer que la lógica de gestión neoliberal del trabajo, también ha permeado a las principales universidades de Chile. Más adelante indagaremos en torno a los conflictos que han surgido alrededor de esta temática al interior de algunas instituciones de educación superior en los últimos dos años; lo cierto es que entre 2014 y 2015 se han realizado algunos estudios que nos permiten elaborar un diagnóstico sobre la fisonomía del trabajo subcontratado en tres universidades de Santiago[7].

Fisonomía del trabajo subcontratado en tres universidades


Durante 2014 se realizaron dos estudios sobre condiciones laborales[8] del personal universitario subcontratado: el primero en la Universidad de Santiago de Chile (USACH, de aquí en más) y el segundo en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC, de aquí en adelante). Este año (2015), un equipo interdisciplinar de académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO de aquí en adelante) de la Universidad de Chile, realizaron un tercer estudio sobre la fisonomía del trabajo subcontratado en dos facultades, la FACSO y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (FCFM de aquí en más).

El caso de la USACH

En el estudio hecho por Fundación SOL (2014) se constata que el grueso del trabajo subcontratado por la USACH se concentra en las áreas de seguridad y aseo. Se trata de una fuerza laboral predominantemente femenina (60%)[9] y de escasa antigüedad laboral, donde el 52% de las y los trabajadores encuestados declaran tener menos de dos años de permanencia en la empresa subcontratista. Más de la mitad de la fuerza laboral es mayor de 50 años, ubicándose el 71% de los trabajadores entre la edad de 41 y 70 años; sólo un 9% de los y las mismas, tiene menos de 30 años. Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas (46%) están casadas, siendo en su mayoría (77%) personas cuyo sueldo representa el principal ingreso de su grupo familiar.[10]

Respecto a las condiciones de empleo, se constata una alta formalidad en los vínculos laborales: el 72% de las personas encuestadas cuenta con un empleo indefinido formal, lo que implica que cuentan con contrato escrito indefinido y con cotizaciones sociales (salud y previsión); el 95% de las y los trabajadores declara trabajar jornada completa (entre 40 y 45 horas semanales); pese a ello, el 23% declara hacer horas extra, cifra que prácticamente se duplica al observar la empresa de seguridad de manera aislada. De quienes no realizan horas extra, aproximadamente un 30% declara no hacerlo porque la empresa no dispone de más horas y otro 30% porque la empresa no remunera la realización de tal trabajo; el 100% del personal externalizado declara que no existe sindicato, cuestión que un 65% de las y los trabajadores atribuyen al temor ante posibles represalias, mientras un 20% de ellos y ellas declaran no tener interés en la sindicalización.

En relación a las condiciones de trabajo el 89% del personal externalizado afirma que no existe casino y un 43% de las personas encuestadas afirma no tener ni siquiera un lugar para calentar comida; a su vez, el 71% del personal declara no contar con baños, el 86% observa que no existen camarines, mientras el 36% de los y las trabajadores afirman que no reciben ropa de trabajo adecuada; asimismo, el 81% de las personas encuestadas afirma que las empresas subcontratistas no entregan implementos de trabajo ni en calidad ni en cantidad adecuada; el 84% plantea que no existe comité paritario de higiene y seguridad.

Sobre las remuneraciones, el ingreso fijo promedio del personal subcontratado de la USACH es de $200.000: de acuerdo a la media de ingresos per cápita - $60.584 - el 15% de los hogares del personal externalizado por la casa de estudios se encuentra bajo la línea de la pobreza.

El caso de la PUC

En el caso de la PUC se trató de una investigación realizada por un organismo parte de la universidad - la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología de tal casa de estudios (DESUC, de acá en más). Este estudio nos muestra una fuerza laboral fuertemente feminizada (70%) siendo una proporción importante del personal (66%), las y los principales proveedores económicos de sus respectivos hogares (DESUC, 2014).

En su mayoría (60%) el personal externalizado no ha terminado sus estudios escolares, presentando un 19% de los casos la enseñanza básica y un 27% la enseñanza media, incompletas. A la vez, es posible afirmar que no reciben capacitaciones de ningún tipo en su lugar de trabajo. El 62% de las y los trabajadores subcontratados de la PUC declaran ganar entre $100.001 y $224.000, lo que configura un ingreso líquido de sus hogares[11] que en aproximadamente la mitad (43%) de los casos, oscila entre $200.001 y $350.000; una cifra relevante si se considera que el 57% del personal encuestado tiene grupos familiares que oscilan entre 3 y 5 personas.

Respecto a antigüedad laboral, el 47% del personal subcontratado lleva menos de tres años trabajando en las empresas externas; el 92% de los trabajadores cuenta con contrato de trabajo por tiempo indefinido, mientras más del 80% de las y los trabajadores declaran tener cotizaciones previsionales y de salud. El 39% trabaja jornada completa, mientras el 24% trabaja media jornada; asimismo, un 22% de las y los trabajadores declaran trabajar más de 45 horas, lo que puede ser considerado como sobre trabajo. Un 45% de quienes respondieron la encuesta declara hacer horas extra, y de ellos, un 45% declara hacerlo mediante trato verbal.

Respecto a las percepciones[12] de las y los trabajadores subcontratados de la PUC sobre sus condiciones de trabajo, destaca la evaluación negativa que realizan en torno a los beneficios y los salarios entregados por la empresa contratista: más de un tercio del personal los evalúa de modo negativo. Así, un 27% de los trabajadores declara que es prioritario mejorar el sistema de realización de horas extraordinarias, sobre todo en relación al pago y procedimientos para acceder a las mismas; mientras que un 26% declara como prioritario mejorar el trato entre compañeros, mandos medios y jefaturas; en relación a los implementos de trabajo negativamente evaluados destacan el lugar de colación (12%), los lockers y vestidores (20%) y las duchas (21%).

En relación a su vinculación con la comunidad universitaria, sólo el 48% de los trabajadores declara participar en instancias de recreación y encuentro en la UC: de ellos, el 79% destaca el vínculo establecido en tales instancias con estudiantes de tal casa de estudios

El caso de la UCHILE

En septiembre de 2015 finalizó en la UCHILE[13] una de las investigaciones más completas que hasta la fecha existan en relación al tema que nos convoca (Boccardo, Cornejo, Gómez, Vidal, & Zavala, 2015).

Este estudio permite concluir que más del 53% del personal subcontratado en tal casa de estudios es femenino; un 25% de los trabajadores son menores de 30 años, mientras un 25% tiene más de 54 (con un 10% sobre 63 años). Una proporción importante de trabajadores/as en FCFM (21%)[14] tienen menos de 8 años de escolaridad y un 46% no ha completado la educación media. En relación a capacitaciones laborales, sobre el 70% del total declara no haber recibido capacitación alguna en los últimos dos años. Aproximadamente, sobre el 60% de los trabajadores en ambas facultades son el principal sustento de su hogar.

La mayoría de las y los trabajadores (70%) presenta contrato indefinido, más del 80% trabaja jornada completa; se constata a su vez la existencia de sobre trabajo (más de la mitad de los trabajadores declara tener una jornada por sobre las 48 horas semanales) debido al fuerte ausentismo y la cobertura del personal ausente mediante una intensificación del trabajo; esto es: las mismas personas hacen el trabajo de quienes falten, sin que se les remunere de manera adicional por ello. Al considerar en el cálculo, la estimación del ingreso per cápita de los hogares del personal externalizado, se encuentra que en la gran mayoría de los casos, estos hogares (familias) se encuentran muy cerca o derechamente por debajo de la línea de la pobreza establecida por CASEN 2013; esto considerando que el ingreso medio del personal externalizado oscila en torno a los $290.000 líquidos: ahora, si se incluyen en este ingreso los altos niveles de endeudamiento que presentan las y los trabajadores, se alcanza un ingreso líquido promedio (en FCFM) de $170.000.

Aproximadamente el 50% de los trabajadores consideran que no disponen de los elementos necesarios para realizar su trabajo. En FACSO el 55% de las personas encuestadas considera que no cuentan con un lugar apropiado para cambiarse ropa, y aproximadamente un tercio del personal subcontratado de ambas facultades considera que no tienen un lugar adecuado para almorzar. Por otra parte, un tercio del total de trabajadores declara recibir instrucciones de trabajo por parte de académicos y funcionarios, lo que confirma la existencia de doble subordinación.

En todas las dimensiones consideradas, el porcentaje de trabajadores/as que presenta un alto nivel de riesgo de contraer enfermedades físicas o psicológicas supera con creces el 33% que constituye el parámetro nacional informado por la Superintendencia de Seguridad Social.[15] En general, un tercio de las y los trabajadores declaran la existencia de conflictos en su lugar de trabajo: los porcentajes más relevantes indican que estos se concentran en tratos humillantes, en la asignación de horas extra, las condiciones salariales y suministro de los implementos de trabajo.

La subcontratación como conflicto al interior de las Universidades: la importancia de la organización estudiantil

Es posible diagnosticar la emergencia de la subcontratación como conflicto político al interior de las universidades durante el período 2014-2015. Para el presente apartado nos basaremos fundamentalmente en una serie entrevistas que el mismo autor ha realizado para el Grupo de Estudios Interdisciplinarios del Trabajo (GEIT) durante 2015, a diversas organizaciones estudiantiles articuladas contra la subcontratación en sus respectivas casas de estudios.[16]

Dos son los factores que consideramos de importancia para introducir el debate sobre la subcontratación al interior de las universidades mencionadas. Primero, se trata de universidades que de acuerdo a diversos rankings, se ubican dentro de las universidades de mayor prestigio en Chile[17], sin embargo la evidencia empírica muestra que producen y reproducen paupérrimas condiciones laborales en su interior; en relación a esto es preciso abrir el debate. En segundo lugar, la realización de los estudios mencionados ha estado marcada por situaciones conflictivas entre la administración de tales casas de estudios y el estamento estudiantil organizado; resulta necesario relevar la dimensión política del asunto, examinar algunos rasgos comunes de tales situaciones y las posibles salidas que tales conflictos han encontrado.

Un primer aspecto común es el origen histórico de la subcontratación. Desde una perspectiva histórica, tanto en la USACH, como en la UCHILE, la PUC y la UTEM, esta práctica se inicia en la década de 1990, en el marco de las políticas de flexibilización del trabajo antes descritas y se ha desplegado con una importante dosis de abusos y precarización del trabajo subcontratado, que ya se configura como una realidad evidenciable en el trato cotidiano con el personal externalizado de tales casas de estudios.

También destaca como rasgo común el argumento esgrimido como explicación de tales decisiones, por parte de las administraciones de estas universidades. Fundamentalmente se argumenta que la externalización es una opción que permitiría economizar recursos y aumentar la eficiencia al interior de las instituciones de educación superior (Fundación SOL, 2014; Boccardo, Cornejo, Gómez, Vidal, & Zavala, 2015). Esto bajo el supuesto de que al externalizar las actividades de mantenimiento cotidiano de los espacios, la universidad podría dedicarse de manera exclusiva a las tareas de investigación, docencia y extensión, desvinculándose de una tarea que de allí en más se dejaría en manos de organizaciones especializadas en tales áreas, lo que permitiría una especie de aumento de la eficiencia gracias a la división de actividades. Asimismo, ante la posibilidad de internalizar trabajadores, por parte de las universidades se argumenta que esta opción implicaría un considerable aumento de costos fundamentalmente por la labor de organizar el trabajo de aseo, vigilancia, jardinería o casino.

Un tercer elemento común que vale la pena señalar son las constantes irregularidades en relación a los derechos laborales de los y las trabajadoras subcontratistas, que caracterizan a esta modalidad de inserción laboral, sobre todo en la USACH, la UCHILE y UTEM. Estas irregularidades se expresan generalmente cuando las empresas subcontratistas terminan su vínculo contractual con la universidad, y se van dejando sin pagar sueldos y/o finiquitos; otra expresión de lo mismo la constituyen los constantes atrasos en las liquidaciones de sueldos, así como el no pago – o pago atrasado – de las cotizaciones previsionales y de salud del personal externalizado. [18]

Resulta importante destacar, como cuarto elemento común a las experiencias consideradas, el rol crucial que juega la organización de los estudiantes en torno a este tema, toda vez que resulta de importancia fundamental para denunciar las arbitrariedades ya mencionadas respecto a la subcontratación y abrir el debate sobre la misma, al interior de las casas de estudios.[19] En el caso de la UCHILE, en 2013 se crea una comisión de trabajo (Comisión Subcontrato) dependiente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (ingeniería)[20], mientras en la FACSO durante 2015 se articula una Comisión Fin al Subcontrato dependiente del centro de estudiantes de tal facultad; en la PUC, a raíz de un trabajo colaborativo entre estudiantes de CRECER UC y trabajadores subcontratados del área de aseo - con el objetivo de consolidar su sindicalización – se crea durante 2014 una Coordinadora por el Fin al Subcontrato que aglutina a colectivos de todo el espectro político de la PUC; en la USACH, luego de las movilizaciones de 2013 surge la Escuela Popular de Trabajadores, que se articula como escuela de nivelación de estudios para el personal subcontratado, considerando la crucial importancia que tiene el nivel educacional del personal externo, para los procesos de internalización; en la UTEM, luego de la movilización interna que culmina con la toma de su sede central en mayo de 2015, se constituye la Comisión Fin al Subcontrato para trabajar en torno al proceso de internalización aceptado por la rectoría.

Como quinto punto de esta síntesis, podemos mencionar que todas las organizaciones mencionadas trabajan fundamentalmente en torno a tres ejes. En primer lugar, se reconoce que la demanda por el fin al subcontrato es algo reciente en el estudiantado, por lo que uno de los principales desafíos que enfrentan estas organizaciones es la problematización y concientización sobre la realidad del trabajo subcontratado entre la comunidad universitaria en general (estudiantes, funcionarios académicos y no académicos), que generalmente no se relaciona con el personal externo, sin darse cuenta ni valorar la labor que tales personas realizan, y mucho menos tomar en cuenta la explotación que sufren.

En segundo lugar podemos mencionar el trabajo político directo con el personal subcontratado, mediante el cual se intenta apoyarlos y apoyarlas ante situaciones conflictivas que requieren una rápida reacción (abusos flagrantes, no pago de sueldos, despidos arbitrarios, etc.) así como en su propia organización[21]; esta es una de las dimensiones más complejas pues la serie de prácticas anti sindicales y de acoso laboral – amedrentamiento, despidos arbitrarios, traslado del personal a otras instalaciones – que posibilita el vínculo laboral mediante la subcontratación, dificulta la organización colectiva de las y los trabajadores externalizados[22], así como su articulación política con el estudiantado y la comunidad universitaria en general.[23]

En tercer lugar estas organizaciones han buscado encontrar una salida política con las autoridades universitarias, que permita avanzar en procesos de internalización de personal que viabilicen el término del subcontrato en las universidades. Tanto en la USACH como en la UTEM y en la UCHILE existen mesas de trabajo – en el primer y segundo caso con rectoría, en el segundo caso con las decanaturas de diversas facultades[24] - que se han levantado a partir de la presión de los estudiantes organizados. En tales instancias se ha buscado construir un diagnóstico compartido que permita deslindar los argumentos ideológicos respecto a la subcontratación de servicios permanentes[25]; gracias a este trabajo llevado a cabo fundamentalmente por los estudiantes, es que se ha conseguido la realización de los estudios que ya hemos referido, que actualmente funcionan como importantes insumos para discutir y gestionar modalidades de contratación alternativas al subcontrato.

En general, en todos los casos analizados, la decisión de externalizar servicios mediante la subcontratación ha sido bastante arbitraria y poco transparente. Esto nos lleva al cuarto punto común de las experiencias analizadas, que dice relación con la inexistencia de un gobierno democrático al interior de las comunidades universitarias: no existe ni ha existido participación de funcionarios, académicos o estudiantes en la decisión de externalizar servicios, o a la hora de diseñar las licitaciones y contratos que regularán las relaciones laborales con las empresas contratistas al interior de las universidades.

Síntesis: ¿qué indica la evidencia empírica sobre el subcontrato en estas universidades?


Uno de los elementos más importantes que aporta la evidencia producida sobre el trabajo subcontratado en estas universidades, es la posibilidad de construir un diagnóstico relativamente objetivo sobre las condiciones de empleo y de trabajo del personal externalizado al interior de las casas de estudio. A continuación señalamos algunos puntos comunes entre los casos considerados.[26]

En primer lugar, es posible plantear que en las universidades analizadas se externaliza principalmente funciones de baja especialización: en muchos casos el personal subcontratado no ha terminado la educación escolar, ni cuenta con capacitaciones laborales en su lugar de trabajo (DESUC, 2014; Fundación SOL, 2014; Boccardo, Cornejo, Gómez, Vidal, & Zavala, 2015). Esta evidencia echa por tierra un argumento que a veces se esgrime: que la subcontratación se practica debido a que se trata de actividades muy especializadas.

En segundo lugar, la evidencia indica que en la subcontratación, lo que principalmente se externaliza son las responsabilidades en términos legales y económicos que implica una relación laboral directamente establecida por las casas de estudios. En tal sentido, se indica también que el trabajo subcontratado se encuentra en una zona gris respecto a cualquier protección institucional (Echeverría, 2006), lo que produce una alta precarización de las condiciones de empleo y trabajo: bajos sueldos, sobre carga laboral, maltrato psicológico, pésima infraestructura de camarines y casinos, entrega de elementos de trabajo insuficientes, trato discriminatorio, y reproducción de las condiciones de vida en condiciones muy cercanas o por debajo de la línea de la pobreza (Fundación SOL, 2014; Boccardo, Cornejo, Gómez, Vidal, & Zavala, 2015). Todo ello redunda en una fuerte división de la fuerza de trabajo al interior de las universidades, pues se crean – en términos materiales y simbólicos – trabajadores de primera y de segunda categoría (Boccardo, Cornejo, Gómez, Vidal, & Zavala, 2015); condición en la cual los segundos están escasamente integrados a la comunidad universitaria (DESUC, 2014) y restan un importante número de potenciales trabajadores sindicalizados a las organizaciones gremiales de estas casas de estudios (Ruiz, 2015e).

En tal medida, los cambios introducidos por la Ley de Subcontratación, y la responsabilidad solidaria que las universidades asumen con este marco normativo, son escasos (Echeverría, 2006): refieren a una cautela de formalidades mínimas por parte de la empresa mandante – fiscalización sobre: existencia de contratos escritos, liquidación formal de sueldos, pago de cotizaciones de salud y previsión social etc. – para con el personal subcontratado, que no atienden a las condiciones de trabajo concretas. Utilizando el término propuesto por Fundación SOL, se asiste a un empleo altamente formalizado, pero al mismo tiempo altamente precarizante de las condiciones de vida y de trabajo de las personas así contratadas (Fundación SOL, 2014).

En tercer lugar, la incertidumbre producida por este tipo de vínculo laboral inviabiliza la organización colectiva de las y los trabajadores (Echeverría, 2010). La existencia de contratos temporales, la alta rotación laboral, la posibilidad de desplazar a trabajadores de una instalación a otra y la posibilidad despidos arbitrarios, imposibilitan la organización colectiva de este segmento laboral (Ruiz, 2015d). Si a esto se le suma la fuerte dependencia de quienes acceden a estos empleos, por la presión de sostener a grupos familiares numerosos, junto con bajos niveles de formación escolar y/o profesional que dificultan la inserción en el mercado de trabajo, se configura un cuadro insoportable, en el cual los y las trabajadoras subcontratadas están dispuestos a soportar cualquier situación – por denigrante que sea - para mantener su sueldo y así poder sostener a sus familias (Boccardo, Cornejo, Gómez, Vidal, & Zavala, 2015).

En cuarto lugar, el argumento de la subcontratación como modo de aumentar la eficiencia en la gestión de las universidades es completamente barrido por la evidencia que hemos considerado en esta reflexión. Es posible concluir que la subcontratación no ha sido ni más económica ni más eficiente, pues no posibilita un total desentendimiento por parte de la institución mandante en relación a la organización y supervisión del trabajo, lo que se expresa en la constatación de una doble subordinación que corre por fuera de la norma legal (Boccardo, Cornejo, Gómez, Vidal, & Zavala, 2015). Se crean unidades administrativas que deben supervisar tanto las condiciones de empleo formales del personal subcontratado, como la organización concreta del trabajo, así como resolver los conflictos legales en que pueden verse involucradas las universidades debido al incumplimiento de obligaciones legales en que constantemente incurren las empresas contratistas. Se monta para estos fines una institucionalidad ad hoc, que resulta contradictoria con un supuesto desentendimiento por parte de las instituciones de educación superior de la gestión y supervisión de estas actividades.

En toda esta situación, y como quinto punto de esta síntesis, la organización y lucha estudiantil han resultado ser clave en la búsqueda de una salida política al problema. Mientras las autoridades universitarias buscan negar la precarización laboral, desviar los conflictos y clausurar el debate con argumentos de tipo económico, la acción colectiva de los estudiantes ha logrado enfrentar los abusos de las empresas contratistas; asimismo, los estudios realizados gracias a la presión del estudiantado organizado resultan de crucial importancia para rebatir los argumentos de corte tecnocrático, que defienden la práctica de la subcontratación al interior de las casas de estudio (Ruiz, 2015a; 2015b; 2015c). Por otra parte, en 3 de las 5 universidades consideras, estas organizaciones han buscado encontrar una salida política con las autoridades universitarias, que permita avanzar en procesos de internalización de personal que viabilicen el término del subcontrato en las universidades (Ruiz, 2015a; 2015c; 2015d; 2015e).

En tal sentido, una labor que cabe destacar es la realizada por la Comisión Subcontrato de la FCFM UCHILE; luego de finalizado el estudio sobre condiciones laborales del personal subcontratado en dos facultades de tal universidad, esta organización construyó una propuesta técnico-política validada triestamentalmente, que considera los requerimientos económicos, organizacionales y condiciones legales (de acuerdo al estatuto administrativo de la UCHILE) para un proceso de internalización de los trabajadores de aquellos servicios hoy en día externalizados (Comisión Subcontrato CEI, 2015). Al mismo tiempo, demuestra que con los mismos recursos que se gastan en el pago de las licitaciones, es posible internalizar a la totalidad de los trabajadores subcontratados – costeando los costos asociados a insumos y organización del trabajo – aumentando casi en un 50% la remuneración líquida de estas personas y sus familias[27].

Otra experiencia significativa resulta ser el trabajo de Comisión Fin al Subcontrato en la UTEM. En esta casa de estudios ha resultado clave la inserción del estudiantado organizado en una mesa de trabajo permanente con rectoría, que cuenta con existencia validada por la UTEM. Ello ha permitido incidir de manera directa en los criterios de evaluación y selección de los concursos públicos que se harán durante 2015 y 2016 con el objetivo de internalizar al personal actualmente subcontratado. Puede decirse que esta experiencia exitosa demuestra la importancia de la participación estudiantil en el gobierno universitario, siendo el primer espacio de gobierno triestamental existente al interior de esta universidad (Ruiz, 2015e).

Un conflicto abierto. Reflexiones finales sobre gobierno y comunidad universitaria:

Hemos dejado para el final de este trabajo una reflexión de corte político – sobre el qué hacer – en torno al subcontrato, relacionando el asunto con las nociones de gobierno (democrático) y comunidad universitaria.

Sin lugar a dudas, el diagnóstico hecho deja muy mal parada la alternativa de la subcontratación. Al mismo tiempo, al relacionar este conflicto con la aspiración de un gobierno triestamental y democrático al interior de estas casas de estudio, se diagnostica que efectivamente la decisión de externalizar servicios mediante la subcontratación ha sido bien arbitraria y poco transparente: no existe ni ha existido participación ni de funcionarios, académicos o estudiantes en la decisión de externalizar servicios, o a la hora de diseñar las licitaciones y contratos que regularán las relaciones laborales con las empresas contratistas al interior de las universidades.

Si se entiende democracia universitaria como la existencia de una comunidad deliberante y resolutiva al interior de las instituciones de educación superior, se llega a la paradoja de la existencia y reproducción de integrantes - trabajadores y trabajadoras - de segunda categoría para tal comunidad[28]: inentendible lógica en universidades cuyas autoridades pregonan constantemente un “sentido público” (Soto-Aguilar, 2014) y – en el caso de la USACH y la UCHILE – estatal (Abarca, 2015; Publimetro, 2015). Destaca en esta discusión la central importancia que tienen aquellos estudios que han sido realizados tanto en la USACH como en la UCHILE, en tanto contribuyen a dar sustento a las voces que consideran que el subcontrato debe terminarse, desarmando los argumentos ideológicos que lo defienden; sobre todo aquellos que impugnan la participación de funcionarios no académicos y estudiantes en el gobierno universitario[29].

En este sentido, en relación con la temática del gobierno democrático al interior de las universidades se plantea con urgencia que el trabajo también debe ser un ámbito democratizado (Ruiz, 2015e); en tal medida debiera avanzarse en que sus condiciones sean acordadas triestamentalmente por toda la comunidad universitaria. Remarcamos que, en este sentido, la organización y acción del estamento estudiantil ha resultado de una importancia central: las propuestas de internalización generados tanto en la FCFM (Comisión Subcontrato CEI, 2015) como en la FACSO de la UCHILE (GEIT, 2015) muestran vías técnico-políticas para democratizar el trabajo al interior de las instituciones de educación superior.

Ahora, creemos relevante anotar que en estos procesos de disputa política resulta necesarios superar dos falsas dicotomías que se producen: la primera tiene que ver con disociar una posible mejora de condiciones laborales para el personal externalizado respecto al fin de la subcontratación como sistema de relaciones laborales; en algunos espacios se plantea que lo central no sería la lucha por el fin al subcontrato sino la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo (Ruiz, 2015b). Ante ello, creemos que la evidencia empírica demuestra que el subcontrato trae en sí mismo una lógica de flexibilidad precarizante, como forma de mantener una alta subordinación sobre la fuerza de trabajo y aumentar las tasas de ganancia.

La segunda dicotomía dice relación con la forma de organizar la disputa política para terminar con la subcontratación al interior de las universidades. Existen perspectivas que plantean que no debiera ser el estudiantado (como “vanguardia”) quien deba encarar la disputa política, sino que debiera ser el mismo personal externalizado que, a través de la auto-organización acabe con la subcontratación. Creemos que resulta ser una falsa dicotomía toda vez que la evidencia empírica indica que el subcontrato precisamente imposibilita la organización colectiva de las y los trabajadores (Echeverría, 2010; Ruiz, 2015d); por eso mismo debiera ser la comunidad universitaria como un todo – no el estudiantado como vanguardia iluminada – quien acabe con la subcontratación en un ejercicio de democratización del trabajo (Ruiz, 2015e). Ahora, al estudiantado le cabe un importante rol - debido a su capacidad de movilización – a la hora de dinamizar tales conflictos y apostar por abrir nuevos espacios de democracia al interior de las universidades (UNE, 2015; Ruiz, 2015d).

De todas formas el conflicto político está abierto, y dependerá de las fuerzas políticas de cada espacio local que la perversión de la subcontratación al interior de las universidades termine. La inclusión de la demanda por el fin al subcontrato en procesos recientes de movilización en diversos espacios universitarios[30], da cuenta de la centralidad del trabajo como eje de conflicto al interior de las universidades, toda vez que apunta a condiciones concretas de desigualdad que nuestras instituciones siguen reproduciendo gracias a la hegemonía de un discurso neoliberal sin - hasta ahora – mayores contrapesos.



¡Arriba las y los que luchan!

¡Abajo el subcontrato!

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[1] Felipe Ruiz Bruzzone. Estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, séptimo semestre. Miembro del Grupo de Estudios Interdisciplinarios del Trabajo, de la FACSO.


[2] "(...) defendemos la tesis que al abrigo ideológico del cambio técnico y la modernización económica se implementaron en las relaciones sociales de producción un conjunto de transformaciones que adquieren significación sociológica en la medida que impactan en el vínculo entre capital y trabajo modificando los términos en que se llevan a cabo las disputas por el plusvalor y las condiciones de su extracción. Fundamentalmente precarizando la fuerza de trabajo y restando margen de acción a los trabajadores frente a la expansión de los intereses del capital.” (Montes, 2007, pág. 2)

[3] Al emplear este término es preciso considerar la difícil “importación” de algunas de las consecuencias que se anotan bajo este concepto -  como es la calificación de “posfordismo” - para este nuevo período de las relaciones de producción en Latinoamérica. Vale la pena acusar recibo de la advertencia hecha por De La Garza en este sentido, y orientar el ejercicio de análisis en una dirección que permita destacar las particularidades que ha asumido esta reestructuración para el caso de América Latina (De la Garza, 2000).

[4] La autora Marcia Leite rescata el papel central que autores como David Harvey le atribuyen al concepto de flexibilidad en el nuevo momento de la acumulación capitalista, considerando que ésta “(…) se expresa en un gran número de características: flexibilización de las jornadas de trabajo; flexibilización de la posibilidad de cesar y contratar fuerza de trabajo; flexibilización de los procesos de trabajo con la integración de diferentes parcelas de trabajo, otrora divididas por el fordismo; y, sobretodo, flexibilización de los vínculos de empleo, lo que ha conllevado a un enorme crecimiento de las formas de empleo anteriormente consideradas atípicas, como el trabajo por cuenta propia, de tiempo parcial, por tiempo determinado, no registrado, en cooperativas, etc.” (Leite, 2009, pág. 9) Juan Montes también enfatiza la centralidad de la flexibilidad  para estudiar el modo en que el capital logró imponer el neoliberalismo, en el ámbito de lo laboral, en América Latina; para este autor la flexibilidad laboral es fundamentalmente  “(…) un canal de precarización, en cuanto permite aumentar el margen de acción de los empresarios sobre la plusvalía y sus formas de extracción.” (2007, pág. 2)

[5] Entre otras cosas, este modelo prohibió la negociación colectiva más allá de la unidad productiva; excluyó a diversos trabajadores de tal dinámica; fijó la huelga al proceso de negociación colectiva normada legalmente – imposibilitando su uso político –  y estableciendo una duración máxima de la misma de 60 días, al fin de los cuales los trabajadores pueden ser despedidos; permitió el reemplazo y descuelgue individual de huelguistas; institucionalizó la doble titularidad negociadora; liberó la imposibilidad de subcontratar en áreas propias del giro de la empresa; y permitió el libre despido por necesidades de la empresa (Castillo, y otros, 2015; Narbona, 2015).

[6] Al respecto, ver la discusión planteada por Alejandro Castillo y Carolina García (2015) desde el GEIT, así como el análisis realizado por Giorgio Boccardo (2015) a este respecto, desde la Fundación NODO XXI.


[7] No haremos una síntesis exhaustiva de los resultados de estos estudios, pues la intención es entregar al lector una caracterización global sobre el fenómeno en tres universidades; quienes deseen conocer los resultados de los estudios mencionados en detalle, pueden encontrar links de libre acceso a los mismos,  incorporados en las referencias bibliográficas al final de este trabajo.

[8] Es relevante la distinción propuesta por Fundación SOL (2014) entre condiciones de empleo y condiciones de trabajo: por las primeras se entiende las condiciones formales que establece un vínculo laboral entre un empleador y un trabajador, y comprenden la existencia de contrato, la extensión pactada de la jornada, el derecho a sindicalización, el pago de cotizaciones sociales, entre otros elementos; por condiciones de trabajo se comprenden las condiciones prácticas y concretas en que se desenvuelve la actividad laboral, y refieren a al ambiente físico – implementos de trabajo, existencia de baño, casino, camarines – y psicosocial en que se desenvuelve el trabajo cotidiano.

[9] Para una mayor claridad en nuestra argumentación todas las cifras decimales se han redondeado al número entero más cercano; asimismo, la referencia formal al estudio revisado se realiza solamente al principio de cada apartado.

[10] Cabe destacar, como una particularidad del trabajo subcontratado en la USACH, que un 11% del personal externalizado del área de aseo encuestado no es de nacionalidad chilena, siendo en su mayoría inmigrantes hatianos; de ellos,  el 83% envía considerables remesas  - más de la mitad envía entre $50.000 y $100.00 – mensualmente al extranjero, dato importante para considerar el sueldo real finalmente percibido. En el área de seguridad sólo hay personal chileno, pues la empresa sólo contrata trabajadores nacionales.


[11] Refiere al ingreso líquido total - no per cápita -  del grupo familiar de la persona encuestada.


[12] Respecto a esta dimensión no incluiremos mayores resultados pues la experiencia investigativa indica que  el enfoque cuantitativo no resulta suficiente para atender tales preocupaciones: el deber ser al momento de la encuesta, alimentado por el temor de posibles consecuencias negativas para quienes respondan de “mala forma” el cuestionario, imprime un sesgo importante en los resultados.

[13] El estudio se centró en dos facultades de la UCHILE – FACSO y FCFM – y se extendió por un año. En lo que sigue hablaremos de sus resultados en términos globales; se indicará cuando las cifras mencionadas correspondan a una facultad en específico. Para un video que explica el contexto y algunas características de este estudio, con la siguiente referencia (Grupo de Estudios Interdisciplinarios del Trabajo, 2015) es posible acceder a un link de youtube de libre acceso, indicado en el apartado de referencias bibliográficas.

[14] Esta cifra resulta representativa de la población total en estudio, toda vez que la FCFM concentró el 80% de los casos.

[15] En algunas de las dimensiones se registran elevados porcentajes de alto riesgo psicosocial, por sobre el 50% - e incluso 69% - del total de casos.

[16] En concreto, se trata de cinco entrevistas: El problema de la subcontratación en Beauchef  (Ruiz, 2015a), La Subcontratación en la UC: una problemática instalada (Ruiz, 2015b), Explotación, ilegalidad y corrupción en la USACH: los caminos de la subcontratación en una "Universidad Pública” (Ruiz, 2015c), El subcontrato como problema político al interior de la FACSO – Universidad de Chile (2015d) y  La internalización como solución política al subcontrato: el caso de la UTEM (Ruiz, 2015e). Por una cuestión de forma, y para evitar el ridículo de la auto-citación constante, pedimos al lector que asuma que cada vez que hablamos de lo que sucede al interior de estas universidades, nos referimos a la evidencia que aporta este material. Quienes quieran acceder al mismo, podrán encontrar enlaces que permiten su libre acceso mediante internet, en el apartado de referencias bibliográficas.

[17] Por ejemplo, el ranking elaborado por la revista Américaeconomía sitúa a la UCHILE como la número 1 de Chile, la PUC alcanza el lugar 2 del ranking, mientras la USACH se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional (Revista Américaeconomía, 2015).


[18] En el caso de la USACH, es preciso sumar también la escasa transparencia en los proceso de licitación; ello se expresa en bases de licitación inexistentes, cuestión que se presupone vinculada con los escándalos de corrupción (Ruiz, 2015c) que han aquejado a las autoridades administrativas de tal casa de estudios durante el presente año. Respecto a esto último, ver los siguientes artículos publicados por CIPER:  (Albert, 2015; Arellano, 2015a; 2015b)

[19] Sin embargo, no siempre existe una postura unificada respecto al subcontrato dentro del estudiantado; tal es el caso – por ejemplo – de la PUC: la derecha universitaria (Solidaridad, Movimiento Gremial) apunta más a una mejora de las condiciones laborales que a un término de la subcontratación de servicios, mientras que la centro izquierda-universitaria (Crecer, Nueva Acción Universitaria) ha planteado que el problema de fondo es el mismo régimen de subcontratación (Ruiz, 2015b).

[20] Sobre esto es posible acceder vía web a un video informativo elaborado por la misma comisión; con esta referencia (Comisión Subcontrato CEI, 2014) es posible encontrar el enlace de libre acceso, en el apartado bibliográfico de este trabajo.

[21] En el caso de la PUC es posible mencionar una experiencia exitosa al respecto: durante 2013 los trabajadores de Interservice (empresa que licita servicios de aseo)  solicitaron el apoyo de los estudiantes de  CRECER para concretar su proceso de sindicalización. A través de la Coordinadora por el Fin al Subcontrato el estudiantado organizado ha apoyado tal proceso, logrando que éste fuera exitoso. Así, en Abril de 2015 los trabajadores de Interservice comenzaron su primer proceso de negociación colectiva con la empresa subcontratista, contando con el apoyo del estudiantado de la UC a través de la coordinadora ya mencionada.

[22] Es posible referir un ejemplo de estas terribles consecuencias a partir de lo ocurrido en la FCFM UCHILE en Abril de 2015: por diversos motivos – entre los que destaca el descuento arbitrario de bonos respecto al sueldo líquido, la presencia de sobrecarga laboral mediante dobles turnos no remunerados y la escasez de implementos de trabajo  - los y las trabajadoras de aseo paralizaron por un día,  logrando una instancia de conversación con la decanatura de tal facultad (Canal 6 UChile, 2015). Luego de ello, la empresa procedió a despedir a todas las trabajadoras que habían participado de manera activa en la movilización, proceso que fue revertido gracias a la presión estudiantil (Ruiz, 2015a). Algo similar ocurrió en la UTEM cuando durante 2013 se intentó articular a los trabajadores y trabajadoras de aseo en una cooperativa, para que pudieran postular a las licitaciones eliminando la intermediación de la empresa subcontratista (Ruiz, 2015e).

[23] Una experiencia positiva se dio en la USACH, en Junio de 2014: debido al incumplimiento en los pagos de un bono mínimo de gratificación ($5.000 aprox.) los trabajadores organizaron un paro y una marcha interna por la universidad; mediante la articulación con la FEUSACH se logró forzar una proceso de negociación colectiva de facto con la mediación de la USACH, proceso que posibilitó negociar un incremento  del salario base a $250.000 efectivos (Ruiz, 2015c).


[24] En USACH tal proceso se ha materializado en una mesa de negociación con rectoría durante las movilizaciones de 2015 (Zamorano, 2015); al momento de redactar este artículo, en la FACSO (UCHILE) se encuentra en funcionamiento una mesa de negociación con la decanatura de tal facultad, para negociar el término de la subcontratación en el área de aseo de tal institución (Ruiz, 2015d); asimismo, en la UTEM los estudiantes han logrado realizar un trabajo conjunto con las autoridades universitarias, mediante el cual están interviniendo de manera directa en los proceso y criterios de los concursos públicos que se harán para internalizar el área de vigilancia y seguridad, con el objetivo de que ingresen a la universidad aquellas personas actualmente externalizadas (Ruiz, 2015e)

[25] En el caso de la PUC, ha sido diferente pues no existe ninguna instancia de trabajo triestamental sobre el tema. Como leve reacción por parte de las autoridades universitarias, desde el instituto de sociología se aplicó – durante 2014 - un cuestionario a todos los trabajadores subcontratados: es posible observar la escasa profundización de tal estudio en problemáticas concretas del trabajo subcontratado, abocándose a temas generales y poco conflictivos (DESUC, 2014). Cabe señalar que no pudo existir una participación por parte del estudiantado en el diseño de tal instrumento y la definición del estudio (Ruiz, 2015b).


[26] En este apartado buscamos sintetizar la información disponible que se ha considerado como fuente de información empírica para este artículo: los estudios sobre subcontratación en tres universidades ya señalados, y las entrevistas realizadas por el autor.


[27] Otro caso similar es la propuesta que el GEIT, en conjunto con la Comisión Subcontrato del CECSO, ha elaborado para demostrar que la internalización en tal facultad es posible; se demuestra que con la misma estructura de costos es posible prácticamente duplicar el sueldo de las trabajadoras, así como aumentar la cantidad de personal para evitar el sobre trabajo involuntario (GEIT, 2015).

[28] En la práctica el personal subcontratado no forma parte de la comunidad universitaria de las casas de estudio consideradas; respecto a un posible gobierno universitario democrático – de continuar la subcontratación de servicios permanentes – debiera hablarse de una democracia tetra estamental, que considere e integre como parte de la comunidad política de las casas de estudio, a este cuarto estamento de trabajadores y trabajadoras, permanentemente invisibilizado.

[29] Como bien lo ha señalado Vicente Valle (FEL), Secretario de Comunicaciones de la FECH: “(…) relegarle a los expertos la tarea de definir el rumbo de las instituciones termina reproduciendo una educación que atiende a minorías, con lógicas que terminan subordinando a las mayorías en nombre de la tecnocracia. (…) Negar la democracia es legitimar que un círculo reducido de perspectivas o intereses decidan el futuro de la educación de todos. Esto está lejos de atender a un supuesto “saber superior”. Se cae en la idealista propuesta de un imposible “velo de la ignorancia”, que esconde la realidad de una sociedad con perspectivas e intereses específicos.” (Valle, 2015) Porque, ¿qué saber técnico puede legitimar e ignorar la explotación?



[30] Destaca a este respecto la inclusión del término al subcontrato como punto del petitorio de las movilizaciones internas en la USACH (Zamorano, 2015), la UDP (Ahumada, 2015) , la UTEM (El Clarin, 2015) y la UCHILE (Macaya, 2015). Como experiencia personal, puedo mencionar la participación en un claustro deliberativa (no resolutivo) en la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP el pasado 25 de Septiembre de 2015, donde se debatió el tema de la subcontratación; resulta ilustrativo que los argumentos de las autoridades de tal casa de estudios ante la propuesta de internalización sea que ésta no es posible pues es muy costosa para la universidad.

jueves, 24 de diciembre de 2015

La importancia del “contexto de producción”: caracterización histórica del desarrollo de la sociología en Chile




RESUMEN

El estudio de una disciplina como la sociología no puede realizarse en el plano de la abstracción pues, como plantearemos en esta reflexión, las orientaciones que va tomando la sociología como disciplina están fuertemente relacionadas con el contexto histórico en el que esta se va desenvolviendo. Mediante la revisión y articulación de textos que podríamos considerar claves para comprender el desarrollo de la disciplina tanto en nuestro país como en América Latina, propondremos una interpretación del devenir de la sociología en nuestro país, poniendo el énfasis en mostrar cómo el contexto histórico ha influido en las diferentes orientaciones que el conocer sociológico ha ido asumiendo, con las diferentes perspectivas y desafíos que ello conlleva para el desarrollo de la disciplina en el presente.

PALABRAS CLAVE

Sociología – América Latina – Chile – Historia Disciplinar - Metasociología

Publicado originalmente por Revista Estructura. Una versión descargable de este material, en el siguiente link



Introducción

En la siguiente reflexión plantearemos que la sociología como disciplina, aquella sociología que hoy conocemos, aquélla en la que nos desenvolvemos, encuentra una explicación en su propio devenir histórico, a la vez que este decurso se explica por el contexto histórico-social en el cual se ha desenvuelto. En buena medida, las características que ha ido tomando la disciplina – los fenómenos en los que se ha enfocado, las perspectivas teóricas que han predominado, las diferentes formas de investigación que se han desarrollado - están profundamente imbricadas con el entorno histórico (económico, político y social) que se configura como el ‘telón de fondo’ del quehacer sociológico.

En ningún análisis del desarrollo de la sociología puede ser olvidado el contexto histórico en el que se desenvuelve la disciplina. Es por ello que en las siguientes líneas haremos una revisión histórica (podríamos decir, sumaria) de lo que ha sido la sociología como disciplina, desde su surgimiento en América Latina y su posterior desarrollo en el escenario nacional. Consideramos este ejercicio como la mejor forma de dar cuenta de lo que ha sido y, por tanto, lo que actualmente es, la sociología.

El surgimiento de la sociología en América Latina

Siguiendo a Rolando Franco, podemos plantear que en América Latina, las Ciencias Sociales y, “sobre todo la Sociología, tienen una larga historia. Ya en 1877 se había creado en Caracas, el Instituto de Ciencias Sociales; desde 1882 funcionó una cátedra de Sociología en la Universidad de Bogotá; en 1890 [otra] en Buenos Aires. En todas las escuelas de derecho, después de 1910, existían cursos de Introducción a la sociología” (Franco, 2007:11-12); asistimos entonces a un preliminar desarrollo de las Ciencias Sociales en América Latina, ya desde finales del siglo XIX.

Durante el transcurso del siglo XX, la evolución de las ciencias sociales en América Latina, estuvo marcada por una confluencia de factores históricos que favorecieron su evolución institucional, su profesionalización y la posibilidad de que su quehacer fuera demandado socialmente: la presencia de organismos internacionales que estimulaban el trabajo de estas disciplinas, la situación política regional marcada por el nacional desarrollismo que demandaba el conocimiento construido en esta área, y también la acción de personalidades individuales que, con sus esfuerzos personales, hicieron de las Ciencias Sociales un área del conocimiento humano que tuvo efectivamente algo que decir en los períodos de mayor efervescencia y cambio social en el cono sur.[1]

Diversos autores (Baño, 2012; Franco, 2007; Garretón, 2005) coinciden en que, hacia los años 50, los exponentes de la disciplina que habían predominado en los espacios académicos de la región eran aquellos denominados ‘sociólogos de cátedra’.  Estos primeros exponentes de la disciplina tenían, generalmente, otra profesión, y realizaban de manera secundaria actividades docentes en alguna ciencia social. Su enfoque era más bien especulativo y su canal de comunicación por excelencia eran los libros de texto donde transmitían las obras y teorías de autores europeos. 

Por otro lado encontramos un grupo emergente dentro de las ciencias sociales latinoamericanas denominados ‘renovadores’ que - desde mediados del siglo XX - contribuyen a configurar una segunda etapa en el desarrollo de las ciencias sociales. “[Es así que,] en torno a los autores pioneros, se constituye rápidamente, una llamada ‘generación intermedia’ (Graciarena), que asume la tarea de difundir e implantar el proyecto renovador, desplazando a los ‘sociólogos de cátedra’ (…).” (Franco, 2007:16) 

La impronta de aquéllos que denominamos ‘renovadores’, puso énfasis tanto en la verificación empírica de los postulados, como en los métodos y técnicas de investigación que contribuyeran a esta actividad. Por otra parte planteaban el desarrollo de un conocimiento objetivo, neutral desde la perspectiva de los valores, esto asegurado por el carácter acumulativo del conocimiento científico.

Es en este contexto, marcado por la tensión entre estos dos grupos y la pugna por ocupar posiciones institucionales favorables para el desarrollo de sus proyectos, donde surge la FLACSO en el año 1957. Esta institución, patrocinada por la UNESCO, además de contribuir al desarrollo profesional de la disciplina y a la producción de conocimiento en las Ciencias Sociales, significó un claro empuje al segundo grupo que hemos mencionado, fortaleciendo su consolidación en el ámbito académico latinoamericano.

El desarrollo de la sociología en Chile

Recalcamos que el caso chileno no será la excepción de aquello que propusimos como premisa para esta reflexión: las orientaciones que va tomando la sociología como disciplina están fuertemente relacionadas con el contexto histórico en el que se desenvuelve.  Para caracterizar el desarrollo de la disciplina en nuestro país, haremos coincidir la periodificación que Atria y Lemaitre (1983) proponen con aquella propuesta por el profesor Manuel Antonio Garretón (2005), en el entendido que esta segunda periodización, al abarcar un período de tiempo más amplio, y al estar más distante temporalmente de los hechos, logra ser más detallada, comprendiendo incluso diversos sub períodos, y proyectando los desafíos que supone el desarrollo de la disciplina en el contexto actual.

Considerando estos antecedentes, proponemos cuatro grandes períodos que nos permitirán caracterizar el desarrollo de la disciplina en nuestro país:

  1. Período Formativo, o de institucionalización incipiente, que abarca la década del 50 y se extiende hasta el año 1960 aproximadamente.
  2. Período de auge, profesionalización y consolidación de la docencia e investigación en el contexto universitario: entre los años 1960 y 1973.
  3. Crisis, desinstitucionalización y refundación de la disciplina, bajo la dictadura cívico-militar, entre los años 1973 y 1989.
  4. La sociología en el período post dictadura cívico militar, desde el año 1990 a la fecha.


I. Período formativo de institucionalización incipiente (1950 – 1960)

El primer período se caracterizó por un marcado énfasis en el desarrollo de investigación empírica, lo que evidencia el influjo de las técnicas de investigación provenientes de Estados Unidos, principal núcleo de desarrollo de la investigación sociológica en el mundo postguerra. Con este énfasis en el carácter científico de la disciplina se produce un fuerte distanciamiento de aquella línea de sociología reconocida en los ‘sociólogos de cátedra’. En este período se crean diversas escuelas de sociología: “el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Chile, dirigido por Eduardo Hamuy, en 1951, FLACSO en 1957; la Escuela Latinoamericana de Sociología en 1958, la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile en 1958 y la Escuela de Sociología de la Universidad Católica en 1959.” (Atria, Lemaitre, 1983)

En el ámbito de las orientaciones teóricas, el período se caracteriza por la preeminencia de un “enfoque funcionalista, con un marco analítico basado en la modernización y un concepto límite de ‘desarrollo’”. (Garretón, 2005:6) De esta forma, se comienza a formar una base institucional que hizo posible desarrollar la formación académica en la disciplina, fundamentalmente a nivel del pregrado.

II. Período de auge, profesionalización y consolidación de la docencia e investigación en el contexto universitario (1960 y 1973)

El segundo período corresponde a la consolidación de la sociología profesional en nuestro país, tanto en el ámbito universitario como fuera de él. En este período se  crearon diversos centros de estudios, tanto en universidades del centro del país, como en provincias. (Atria y Lemaitre, 1983:31) La consolidación de la institucionalidad formativa facilitó la formación sistemática en la disciplina, lo que aseguró la reproducción de una masa crítica de profesionales. Conjuntamente, los egresados de institutos y escuelas de sociología encontraban un mercado laboral en expansión, cuyos principales ejes giraban en torno al Estado, las universidades, y en menor medida, organizaciones sociales como sindicatos, cooperativas campesinas e instituciones asociadas a la Iglesia Católica. (Garretón, 2005)

Según lo plantean Atria y Lemaitre (1983:31-32), los principales contenidos desarrollados por las sociólogas y sociólogos de la época serían: en primer lugar, el dilema de la crisis integral, con sus dos caras, a saber: la marginalidad social (cara interna), y la dependencia (cara externa); en segundo lugar, la reforma universitaria, que transformó profundamente la visión que existía de la relación entre la universidad y la realidad social, específicamente lo referido al cambio social; en tercer lugar figuran los procesos de movilización popular estrechamente ligados a la transformación estructural  - industrialización, urbanización, reforma agraria y creciente participación electoral -  que experimentaba la sociedad chilena.

Esta orientación hacia los grandes problemas nacionales, dio lugar a la formación de centros de estudios interdisciplinarios, al interior de universidades y dependencias estatales que tomaron como temáticas de estudio, aquellas relacionadas con el cambio social y el desarrollo de las sociedades latinoamericanas.

En síntesis, producto de todos los fenómenos sociales que se producían en nuestro país en este segundo período, caracterizado como el ‘auge’ de la sociología, “el clima intelectual generado en torno a la disciplina por la creciente necesidad de conocimiento sociológico para orientar la acción social y que se manifestaba en todos los planos de la actividad nacional, proporcionó un estímulo vigoroso para la investigación y un rápido acercamiento de la sala de clases al taller de investigación.” (Atria, Lemaitre, 1983:32) En el plano teórico, esta efervescencia social se expresó mediante la preeminencia del marxismo estructural y un marcado latinoamericanismo, orientación que se posicionó en disputa frente al proyecto funcionalista que marcaba el período fundacional anterior.
De tal modo, podemos plantear que hacia 1967 se comenzó a producir una “polarización ideológica de la vida académica, vinculada al proceso político nacional que culminará con el período del gobierno de Allende y de la Unidad Popular (1970-1973). Se trata, así, de una profundización, radicalización y crisis interna del modelo fundacional, en que las ciencias sociales, especialmente la sociología, se transforman en una expresión -en el campo académico e intelectual- de los procesos y luchas políticas del momento”. (Garretón, 2005:8)
III. Crisis, desinstitucionalización y refundación: la sociología bajo la dictadura cívico-militar en Chile (1973 - 1989)
El tercer período apuntado, está marcado por la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1989), debido al proceso de intervención, reestructuración y cambio que sufrieron las universidades en este nuevo contexto.[2] El régimen cívico-militar articuló dos dimensiones: una reactiva y una fundacional. (Garretón, 2005) La primera dimensión se caracterizó por la fuerte represión a individuos e instituciones, con el fin de desarticular la organización y movilización de los diversos actores sociales que existía de manera previa al golpe de Estado. La segunda dimensión aglutina diversos reordenamientos en variadas esferas sociales, introduciendo un nuevo modelo nacional de desarrollo histórico, caracterizado por una fuerte orientación neoliberal en lo económico, reduciendo el rol económico-distributivo del Estado a punta de la privatización de áreas sociales sustantivas (salud, previsión social  y educación, por ejemplo).

En lo inmediato, luego del golpe militar, los principales problemas para la sociología y sus exponentes, estuvieron marcados por las labores de asistencia, auxilio y ayuda para salir del país, que tuvieron que organizarse debido a la implacable persecución política organizada por el régimen.[3] En 1975 se inicia “un proceso de desinstitucionalización de la disciplina, con el cierre de la admisión de alumnos, en casi todas las carreras de sociología existentes en el país, el desmembramiento de equipos investigadores y la reestructuración de  las unidades académicas respectivas[4].”(Atria, Lemaitre, 1983:33) Por otro lado, la reducción del sector público también afectó la labor sociológica, pues incidió directamente en las posibilidades de trabajo que tenían los sociólogos y especialistas en ciencias sociales en todo el país.
Diversos autores (Atria y Lemaitre, 1983) (Baño, 2012) (Garretón, 2005) coinciden en que durante la dictadura cívico-militar se desarticula el modelo fundacional de la sociología, que ya hemos revisado en los dos primeros períodos. El espacio institucional donde por excelencia se había desarrollado la sociología – las universidades – es prácticamente destruido y radicalmente reestructurado posteriormente; el desmantelamiento de carreras, unidades académicas y centros de estudio e investigación, la expulsión, represión o muerte de estudiantes y académicos, la censura impuesta a las actividades que lograron sobrevivir, junto con la racionalización económica y política a la que fue sometida el espacio universitario tuvo consecuencias importantes consecuencias:
En primer lugar, la disminución o inexistencia de la admisión de alumnos que provocó la paralización de la docencia en sociología, y la formación sistemática de una generación de reemplazo.  
En segundo lugar, el vacío de investigación sociológica relevante sobre fenómenos que hoy tienen completa vigencia en la sociedad chilena, como los profundos cambios estructurales que incentivó la dictadura cívico-militar.
En tercer lugar, la refundación de la actividad sociológica en un nuevo tipo de institucionalidad que ya no es financiada por el Estado sino por organizaciones extranjeras[5], caracterizada por el surgimiento de “muchas ONG o centros académicos independientes (CAI), fuera del sistema universitario, que alojan el trabajo de intelectuales de las ciencias sociales (…)”, (Baño, 2012:10) tanto de aquellos oficalistas, como de opositores al régimen cívico-militar.
En cuarto lugar, los objetos de investigación que caracterizaron a los períodos anteriores fueron desapareciendo. Durante los primeros años de la dictadura cívico-militar, los estudios realizados continuaron la orientación marxista, pero abordando el fracaso de la “Vía Chilena al Socialismo”. Poco a poco la perspectiva ‘total’ sobre la sociedad impulsada por el materialismo histórico, se iría perdiendo, así como la vocación latinoamericanista.
Posteriormente se produce un giro hacia un enfoque funcionalista, como también hacia una suerte de especialización temática: “Las investigaciones fueron volviéndose cada vez más “nacionales”; y aún más, especializándose temáticamente: el Estado, los partidos políticos, los movimientos sociales, la mujer, etc.” (Baño, 2012:13) Se puede afirmar entonces, que en este período hay una parcelación de los objetos de estudio, así como un abandono de los enfoques teóricos críticos. (Garretón. 2005)
Ahora bien, a partir de las movilizaciones sociales que se produjeron en el marco de las Jornadas de Protesta Nacional, entre los años 1983 y 1984 principalmente, la sociología sufre una nueva reorientación,[6] enfocada esta vez en torno al concepto de “democracia”, a la vez que, al abrirse el debate político e ideológico, se abrió también un campo de inserción profesional para los sociólogos y sociólogas.

IV. La sociología en el período post dictadura cívico militar, desde el año 1990 a la fecha.


El último período que describiremos coincide con la recuperación de la democracia y se proyecta hasta nuestros días.
El escenario institucional que se configura luego de la recuperación de la democracia está marcado por la continuidad de los mecanismos de mercado – tales como la competencia – en el ámbito universitario, deteriorando más aún a las universidades “públicas”. Si bien asistimos a un salto cuantitativo[7] en términos de cantidad de carreras y estudiantes de sociología, así como a la reincorporación, en algunos casos, de científicos sociales desplazados por la dictadura, y a la apertura de oportunidades para la sociología en universidades privadas, “no ha habido una política de apoyo sustantiva especial a las ciencias sociales desde el Estado a través de los organismos de política científica, como la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT).” (Garretón, 2005:22)

Este período se caracteriza también por la fragmentación tanto de los marcos teórico-interpretativos como de las unidades de análisis. Ya no existen paradigmas que logren entregar una interpretación global del decurso histórico de nuestra sociedad. En el período post autoritario “hay un cambio desde estudios o ensayos más globales e interpretativos sobre la sociedad, hacia estudios empíricos más monográficos y sectoriales, con un especial énfasis en las dimensiones metodológicas y técnicas tanto de la recolección de datos como de su análisis”. (Garretón, 2005:28)

Cabe destacar que el proceso de transición a la democracia abrió nuevos ámbitos de investigación, fundamentalmente en torno a las “transformaciones estructurales y culturales y a la redefinición de los actores sociales, derivadas del modelo socioeconómico heredado de la dictadura y parcialmente corregido por los gobiernos democráticos desde 1990”. (Garretón, 2005:23) La pregunta que subyace a este re direccionamiento es si se estaba asistiendo sólo al tránsito de un régimen político a otro, o si se trataba de transformaciones sociales de más largo aliento que pudieran marcar el tránsito de un tipo de sociedad a otro.  

En el ámbito del quehacer sociológico, se asiste a un desdibujamiento de las fronteras disciplinares en el que existe una gran similitud entre los trabajos llevados a cabo por cientistas sociales, así como una gran variedad de actividades en las que se desenvuelven las sociólogas y sociólogos.  Siguiendo a Garretón (2005), podemos plantear que la problemática esencial que enfrenta la sociología – y en general, las ciencias sociales -  en el período que hemos llamado post-autoritario, es la reconstrucción de un paradigma teórico unificado así como la reconstrucción de un espacio institucional desde el cual pueda posicionarse y desplegarse. Sin embargo, la inexistencia de una entidad estatal que ampare y financie el quehacer sociológico, la crisis de los grandes paradigmas interpretativos y la fragmentación del campo profesional, constituyen obstáculos complejos, que hacen necesaria una clara y consciente reflexión sobre las posibilidades y limitaciones que enfrenta actualmente la sociología,[8] para así poder proyectar en el tiempo el desarrollo de una disciplina, que hoy es más necesaria que nunca.

A modo de conclusión…

Luego de esta breve exposición sobre el devenir histórico de la sociología, volvemos a destacar el innegable nexo existente entre el quehacer sociológico y el contexto histórico, comprendiendo de esta forma que las diferentes orientaciones que ha ido tomando la disciplina están en estrecha relación con la sociedad que estudia, y el contexto histórico en que se desenvuelve. 

En tal sentido, creemos que la premisa que ha dado inicio a esta reflexión, es necesaria tanto para entender qué puede ser la sociología, así como para tener conciencia de sus límites y posibilidades. El reflexionar sobre la sociología -  una reflexión metasociológica - no puede reducirse a una mera constatación de teorías y metodologías en abstracto, sino que precisamente debe orientarse hacia la elaboración de una inscripción del desarrollo de la disciplina en la sociedad histórica que pretende estudiar, explicar (y por qué no), transformar.

Marzo 2015


Bibliografía
  Atria, R., Lemaitre M.J. (1983) El desarrollo de la sociología en chile en Las Ciencias Sociales en Chile, 1983. Análisis de siete disciplinas, CPU Santiago. 
Baño, Rodrigo. (2012) Las ciencias sociales como conocimiento de la época. Revista Anales. Séptima Serie, Nº 4, noviembre.

Franco, Rolando (2007) La Flacso Clásica (1959-1973). Vicisitudes de las Ciencias Sociales Latinoamericanas. Coedición FLACSO/Editorial Catalonia, Santiago Chile.

Garretón, M. Antonio. (2005) Las ciencias sociales en Chile. Institucionalización, ruptura y renacimiento. Social Science information sur les sciences sociales, SAGE. Editorial Siglo XXI. México.


[1] “A este espíritu de la época, responde y contribuye, a la vez, la instalación en Santiago de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1949 y su ‘División de Asuntos Sociales’ desde 1955, la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Desde tales instituciones se plantea la nueva problemática del desarrollo definido como el proceso fundamental o problemática histórica central de nuestras sociedades. A partir de esto se legitima la necesidad de ‘expertos’ para el nuevo tema, identificados básicamente con los sociólogos”. (Garretón, 2005:4)



[2] “Como corresponde a una represión masiva y bien organizada, muy pronto se dictaron medidas dirigidas directamente contra las instituciones y, tras el Golpe militar, la iniciativa de las nuevas autoridades fue intervenir radicalmente todas las universidades chilenas. Esto tenía como finalidad obtener el control político de lo que es considerado el espacio en que las sociedades se piensan a sí mismas.” (Baño, 2012:6)


[3] “(…) Los científicos sociales fueron particularmente afectados. Hubo persecución de sociólogos y estudiantes de sociología destacados, y se sabe que varios fueron detenidos desaparecidos, fusilados y torturados, desde el mismo 11 de septiembre de 1973.” (Baño, 2012:6)


[4] Ya desde 1973 se puede advertir este proceso, promulgado el 20 de Octubre de ese año, sirve como ejemplo “el Decreto Ley N° 50 que suprime la autonomía universitaria y toda forma de participación interna y que se orienta a la depuración drástica de los claustros universitarios de académicos y estudiantes. Se intervienen los planteles de educación superior con la designación de Rectores Delegados para las 8 universidades, los cuales serían los encargados de hacer limpieza en todo el estamento universitario. Estos fueron oficiales en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, que tenían atribuciones y recursos para intervenir, modificar, crear, refundir o suprimir unidades académicas, departamentos, carreras; junto con poder remover o destituir personal académico, administrativo y estudiantes” (Baño, 2012:7)


[5] “En tales centros, una buena cantidad de investigadores independientes participa en los concursos internacionales por grants individuales a través de Fundación Ford, Friedrich Ebert, Servicio Universitario Mundial (WUS), Guggenheim Foundation, Social Science Research Council, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales(CLACSO), entre otros” (Garretón, 2005:22)

[6] Producto de esta apertura política “surge un nuevo actor típico de los fenómenos de democratización: la opinión pública. Desde mediados de la década de los ochenta, especialmente suscitados por procesos como el Plebiscito, muchos de los centros independientes dedicados a la sociología y la ciencia política realizaron una amplia gama de estudios de opinión pública, contribuyendo a la racionalidad de las acciones políticas y a la predicción de resultados de procesos electorales”. (Garretón, 2005:27)

[7] “Las matrículas en las carreras de ciencias sociales aumentaron de 7,8% respecto del total de matrículas de educación superior en 1985, a 11.8% en 1995, 11,7% en 2000 y 12,5% en 2002 (datos del Consejo de Rectores).” Por su parte, considerando la cantidad de carreras, el año 2001 sociología pasó de 9 a 12. (Garretón, 2005:25)



[8] Garretón (2005) plantea un “estallamiento” del campo sociológico respecto a dos ámbitos. Por un lado, el desdibujamiento del Estado-Nación como unidad intelectual producto de la globalización, y por otro la precarización del espacio institucional – la Universidad -  por el predominio de una economía de mercado; por otra parte, se asiste a un desgajamiento de tres elementos que, en los períodos anteriores, habían estado unificados, a saber, la dimensión intelectual, científica y profesional del quehacer sociológico.